Políticas
Públicas para la Crisis Organización, Solidaridad y Equidad
El
Gobierno se ha mostrado incapaz para enfrentar la crisis, tanto en las medidas
sanitarias, económicas y sociales, pues no ha sido capaz de proponer una
solución que ponga al centro el bienestar social, una crisis que no solo
tensionará el precario sistema de salud que tenemos, donde se debe
universalizar los exámenes, disponiéndolos de manera gratuita, asegurar los
insumos médicos, que hoy han sido denunciados como deficientes por las
organizaciones de salud, poniendo en riesgo de contraer la enfermedad a los
propios trabajadores de la salud.
El
estado de emergencia decretado por el Gobierno le permite, entre otras cosas,
congelar el precios de alimentos y fármacos, congelar los planes de atención de
salud de las ISAPRES, diferir los pagos de servicios básicos, congelar el pago
de créditos, así como poner bajo el control estatal las empresas estratégicas
para enfrentar la crisis. Sin embargo, cada una de estas posibles respuestas no
han sido consideradas.
Lo peor
ha sido del plan de protección del empleo del Gobierno, que se ha basado en el
despido masivo de trabajadores o, en su defecto, en desvinculaciones temporales
a pagarse con el seguro de cesantía. Esta solución ha vulnerado los derechos
laborales de los trabajadores, desequilibrando aún más la relación laboral a
favor de los empleadores, la que solo ha podido ser enfrentada en los lugares
donde existe la organización sindical. Este plan deja fuera a un 30% de los
trabajadores chilenos, los que desde el mundo del trabajo informal son los que
más rápido caerán en el desempleo y la consiguiente insolvencia económica
familiar. También es grave el caso de las trabajadoras de casa particular, que
están cayendo rápidamente en el desempleo y han quedado fuera del seguro de
cesantía, cubiertas solo por una mínima indemnización.
Es urgente,
redireccionar fondos públicos para crear un fondo para todos trabajadores
formales e informales afectados por la crisis, que garantice a lo menos
por tres meses, una Renta Básica Universal por familia con beneficios promedio
de $448.000 pesos, que beneficie a 4.000.000 de familias, impactando en la vida
de 12.000.000 de ciudadanos de ingresos bajos y medios.
Observamos
con estupor, como las AFPs en lo que va de la crisis al 31 de marzo han perdido
25.000 millones de dólares, lo que genera una reducción brutal al monto de las
pensiones de todos los chilenos/as.
Es
urgente tomar medidas para que la crisis no golpe los hogares del 80% de los
trabajadores/as chilenos, que son el motor y centro de la economía nacional,
medidas que deben crear oportunidades para todos.
Central
Unitaria de Trabajadores de la Provincia de Llanquihue
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