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La tarea de reconstrucción es de todos y todas

Después del tsunami de corrupción del caso PENTA

Política y negocios: A terminar con la democracia del dinero

Gracias a la actuación de fiscales y jueces, hoy todas las miradas críticas apuntan hacia un grupo de empresarios y diputados vinculados al sector más conservador de la derecha política, ligados a un sistema para defraudar al fisco con boletas falsas con el propósito de rebajar impuestos y financiamiento ilegal de campañas políticas, lo que se conoce como “Caso Penta”; y a lo sucedido en el caso Caval, donde el hijo de la Presidenta Bachelet, haciendo uso de su posición y de información privilegiada fue protagonista de un negociado inmobiliario en el que se vio involucrado el mismísimo Andrónico Luksic, uno de los empresarios más cuestionados, no sólo por sus vínculos con la Nueva Mayoría, sino también por  contaminar el agua de pueblos enteros en el norte por sus empresas mineras.
Estos casos y otros ponen en evidencia la relación entre los negocios y la política que existe en nuestro país, limitando el desarrollo de la democracia, siendo un enclave de la herencia del modelo neoliberal impuesto en los 17 años de la dictadura, continuado por los 24 años de los gobiernos de la concertación, derecha y hoy nueva mayoría.
Mientras, la ciudadanía aún decanta estos hechos, resulta inaudito la prudencia de las palabras cuando no el silencio de políticos y empresarios; justo en el momento en que se requieren voces fuertes y categóricas que cuestionen la ética de los servidores públicos y denuncien el vínculo entre dinero y política.
Ese silencio mayoritario provoca la legítima sospecha de que no pocos ¿tal vez la mayoría? de las y los representantes políticos estén cooptados por el poder del dinero, dado que quienes salieron a criticar este contubernio fueron contados con los dedos de la mano.
Esto puede tener dos lecturas: o están metidos en la “cochinada” o no son capaces de representar a sus electores eligiendo callar por amistad mal entendida o conveniencia política.
Esto no puede dejarse pasar como casos aislados, porque no lo son. Es cierto que algunas de las situaciones denunciadas aún no alcanzan un rango de ilegalidad y solo son reñidas con la ética, pero si tuviéramos una legalidad menos permisiva con los delitos económicos, nos libraríamos de varios que ven la política como una forma de enriquecerse y no de servicio público, como debiera ser.
La ciudadanía, los trabajadores/as están cansados de los actos de corrupción de los grupos económicos y del empresariado, cansados que los bancos, el retail, farmacias, Afp, Isapres, le metan la mano al bolsillo para enriquecerse y con ello aumentar la brecha de desigualdad, desigualdad que la Presidenta Bachelet prometió disminuir, pero episodios como los protagonizado por su hijo ponen en tela de juicio.
En ese sentido no es sostenible que parlamentarios y parlamentarias que estaban en conocimiento que el financiamiento que recibían era ilícito, continúen siendo representantes en el poder legislativo, todos ellos deben renunciar, es un acto de decencia que los ciudadanos esperan de una vez.
Estos hechos ocurridos recientemente, hacen más urgente avanzar hacia una nueva institucionalidad que impida los actos de corrupción e imposibilite que el dinero controle política y sea este quien tome las decisiones en Chile.
Son en escenarios como este que se requiere una mayor presencia y un rol activo del movimiento sindical chileno, fortalecido con la unidad y no con la fragmentación que nos propone el propio modelo, para que nos mantengamos distanciados y desconectados entre sí. Los actos de corrupción deben ser denunciados por los sindicatos, porque finalmente estos afectaran tarde o temprano a los propios trabajadores/as, quienes siempre pagan los costos de las crisis, en todo sentido, económicos y sociales.
No es sostenible que ya sea por conveniencia política, por miedo aprendido o falta de deber social no se haya salido a dar una opinión, justo cuando más se necesita una voz que exija que este matrimonio entre negocios y política se termine. Los sindicatos junto a la sociedad civil organizada han constituido, de una u otra forma el último bastión de resistencia ante un neoliberalismo brutal que destruye los derechos de los trabajadores y que, justamente, ha permitido que las empresas accedan también a grados desproporcionados de influencia en el mundo político y que utilicen los servicios públicos como oportunidades para sus negocios.
Sin ir más lejos, el holding Penta es un “hijo pródigo” de este modelo: nació en dictadura adquiriendo empresas estatales a bajo precio, y alcanzó su peak en los gobiernos de la Concertación, obteniendo jugosas ganancias de compañías de seguros, AFPs, Isapres, Clínicas, entre otros negocisos especulativos. Por eso el silencio sindical es doblemente riesgoso.
Lo que ha quedado develado en estos meses de verano 2015 en el país es gravísimo: como Central unitaria de Trabajadores CUT Llanquihue, en representación de todos los trabajadores organizados y no organizados de la provincia, del mundo público y privado, condenamos cualquier tipo de relación de subordinación de la política  con los negocios. Rechazamos la actual forma de financiamiento de la política que ha permitido a las empresas “elegir” a “sus” congresistas, y financiar funcionarias y funcionarios del Gobierno, violando la confianza pública.
Hacemos nuestras las palabras del ex presidente Mujica “quien le gusta el dinero debe salir de la política”.
Los sindicatos y los actores sociales debemos sacar la voz porque entre tanto silencio y discreción, algunos ya quieren resolver este tema en alguna “cocina”. Los chilenos y chilenas no podemos esperar que quienes son arte y parte (la clase política) nos presenten la solución mediante un acuerdo que celebren levantando las manos y prometiendo como niños o niñas en una travesura “nunca más mamita”. Se necesita quitarle la retroexcavadora a la Nueva Mayoría, aprovechando que decidió no ocuparla y socavar los cimientos del negocio en la política. Y eso, señoras y señores, tiene un primer gran desafío que el país requiere con urgencia: CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Pero no necesitamos cualquier cambio constitucional, necesitamos  un cambio distinto a los que hasta ahora han sido sólo cambios cosméticos. El Ejecutivo y Legislativo ya tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon e hicieron  sólo ajustes, ya sea porque no querían avanzar más,  o porque no tenían el quórum suficiente, recordemos que el último cambio lleva la firma del ex Presidente Lagos. NECESITAMOS UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
Ahora nos toca a nosotros y nosotras: los sindicatos, los movimientos sociales, los colectivos, la agrupaciones religiosas, los colegios profesionales, las minorías, los pueblos originarios, las juntas de vecinos,  en fin todas aquellas organizaciones ciudadanas que tengan representantes que puedan y tengan algo que decir, que tengan ideas para aportar a construir una sociedad más representativa y democrática. Es el momento de no callar, es el momento de dar la cara y recuperar la política para la democracia y el Estado para la generación del Bien Común.


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